DELINCUENTES GANADORES VERSUS VÍCTIMAS INDEFENSAS

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DELINCUENTES GANADORES VERSUS VÍCTIMAS INDEFENSAS

Por Marcelo H. Echevarría (1)

Describiré un ilícito sucedido en la localidad de Pilar, del cual tomé conocimiento en una reunión de carácter social, siendo el mismo narrado en primera persona por el propio damnificado, el cual fue mencionado en los medios periodísticos locales.

Al no contar con la autorización de la víctima, no revelaré su nombre.

Por supuesto, dejo abierta la posibilidad que el relato que seguidamente expondré se encuentre incompleto o con algún tipo de imperfección toda vez que:

a) no tuve acceso al expediente judicial y b) no asisto técnicamente a la víctima, contando solo con su manifestación verbal acerca de lo sucedido.

Me impulsa realizar esta publicación la imborrable cara de decepción que todos vimos en ese ciudadano, como el estado de impotencia, desesperación, desazón y desánimo que exteriorizó este comerciante ante aproximadamente 20 personas respecto de un hecho ilícito del cual fue víctima, ya naturalizado como “uno más” por toda la sociedad.

Resulta que determinado día, el comerciante llega a su local luego de cerrarlo por unas horas y encuentra que habían entrado delincuentes forzando la puerta sustrayendo dinero y mercaderías.

Realiza la denuncia y cuando la autoridad le pregunta si tenía alguna sospecha de alguien en particular, respondió que la misma recaería en los vendedores ilegales que proliferan en la localidad (lo cual es de público conocimiento), pero seguidamente habría aclarado que  sería la autoridad quien debería investigar y no llevarse de su manifestación toda vez que no tenía prueba alguna para imputar a nadie en particular, siendo esa sospecha meramente subjetiva y que la expuso sólo porque se lo preguntaron en ese momento.

Ese comerciante, que muy acertadamente se presentó ante la autoridad para radicar la denuncia, posteriormente fue víctima de un segundo hecho delictivo a mi criterio más grave que el primero, consistiendo en la entrada al local de una mujer junto con un menor, los cuales lo amenazaron de muerte por haber denunciado y mencionado a los vendedores ilegales como presuntos sospechosos.

Instantáneamente, por medio de “Alerta Pilar”, dio aviso a las autoridades policiales los cuales acudieron al lugar de los hechos a los 15 minutos aproximadamente.

Luego, entre idas y vueltas tanto el menor como el comerciante terminaron en la comisaría por este segundo episodio delictivo padecido por el denunciante.

Reitero, estamos en presencia de una amenaza de muerte a un ciudadano por haber denunciado un hecho delictivo, situación que no es nada menor.

Solo y sin abogado, este pilarense se presentó ante las autoridades solicitando que aporten al expediente las filmaciones de las cámaras de seguridad a fin de confirmar los hechos que describió en su denuncia con el objetivo que la autoridad judicial los incorpore a la causa.

Es oportuno recordar que la implementación de las antedichas cámaras que monitorearían a la mayoría del Distrito dentro del denominado Centro de Operaciones Municipales de Pilar (COM) fue anunciado en su momento con bombos y platillos por las autoridades locales y que contarían con 900 cámaras de seguridad en todo Pilar de las 1000 que habrían pensado instalar.

Pero, llamativamente, parecería ser – excepto que se demuestre lo contrario en el expediente judicial lo cual nos alegraría– que este comercio habría tenido muy mala suerte toda vez que, aun encontrándose ubicado a escasos metros de la sede comunal, las cámaras de seguridad no habrían filmado absolutamente nada.

Es más, el propio damnificado, según sus dichos, debió insistir personalmente a las autoridades policiales y judiciales a fin de que remitan las grabaciones desde el mencionado Centro de Operaciones Municipales (COM).

En resumen, a escasos días de este terrible hecho de inseguridad, ¿Saben cómo culminó esta causa?

Desde la Fiscalía actuante le notificaron al damnificado el archivo de su denuncia.

Los delincuentes quedaron impunes, las amenazas cayeron en saco roto, y el damnificado -que podríamos haber sido cualquiera de nosotros- quedó expuesto por haber radicado una denuncia que culminó de la peor manera.

Todos conocemos las limitaciones con que cuentan las Fiscalías y los Juzgados, el importante cúmulo de causas que llevan a diario, el escaso personal con que cuentan, entre otras.

También conocemos la brillante calidad tanto humana como profesional  de los funcionarios que están a cargo de las Fiscalías y que deben trabajar muchas veces de manera muy limitada, que ponen el alma en su vocación de impartir justicia  para dar abasto con la tramitación de las causas, contando con escasos recursos (como se dijo anteriormente)  y muchas veces con situaciones que los superan, sea por la cantidad de hechos delictivos que suceden a diario como por la complejidad de aquellos, siempre bregando para que el damnificado obtenga “justicia”, porque sin justicia no hay Estado.

Un Estado debe bregar por el ciudadano, debe protegerlo y contenerlo, caso contrario no existe el Estado convirtiéndose en una utopía o en una mera “ficción”.

¿Se entiende con este ejemplo y que integra los cientos que suceden a diario el motivo por el cual muchas veces el ciudadano opta por no radicar la denuncia?

Cuando se habla del desaliento a denunciar es porque suceden hechos como los relatados.

Ante una situación de estas características deberían arbitrarse desde la propia justicia todos los instrumentos a su alcance a fin de investigar hasta la médula acerca de lo sucedido, sin importar si en esa Fiscalía o Juzgado actuante existen casos más sensibles que el del anterior relato (sea un homicidio u otro), impulsando todas las medidas investigativas a su alcance a fin de dilucidar la autoría del delito que llegó a su conocimiento, el cual se materializó originando una denuncia, que lleva un número de expediente y que fue ratificada por el damnificado.

Estas situaciones crean un importante descrédito de los ciudadanos hacia con el Estado.

Es por ello que, cuando algún funcionario -con lógica razón- insta a la población a denunciar, simultáneamente debería existir una decisión de índole político criminal de investigar a fondo todos los delitos que llegan al conocimiento de la autoridad, tal como lo instruye y lo ordena el Código Procesal Penal, suministrando desde el propio Gobierno los recursos necesarios a las Fiscalías departamentales a fin de proceder a realizar las tareas investigativas con las menores limitaciones (sean presupuestarias, de personal, entre otras).

Luego de este suceso pensemos:

¿El comerciante damnificado denunciará nuevamente un ilícito o bajará los brazos?

No olvidemos que cuando no se denuncia un ilícito, esa decisión le permite al sujeto seguir delinquiendo con total impunidad, lo cual pone en jaque a toda una sociedad.

Si se comprueba que las circunstancias fueron exactas a lo relatado anteriormente, no podemos aceptar que un denunciante quede en total estado de indefensión – como se encuentra actualmente- a las resultas que mañana suceda algo peor.

Si el comerciante damnificado, luego de tomar  conocimiento de esta publicación me lo solicita, le haré llegar al Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires Dr. Julio Francisco Conte Grand como al Sr. Secretario de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público Dr. Francisco Pont Verges todos y cada uno de los antecedentes que aquel me suministre con el objetivo de procurar convencer a dichas autoridades acerca de la necesidad imperiosa de proceder a la reapertura de la causa a fin que se prosiga con la labor investigativa en el entendimiento que todos los que ejercemos la profesión de abogado somos auxiliares de la justicia y cuando juramentamos defenderla, dicho juramento es extensible y aplicable a situaciones donde exista un compatriota en potencial estado de indefensión.

También entendería la decisión que el damnificado nada desee realizar al respecto, toda vez que seguramente y como lo vemos a diario, tal como nos tienen acostumbrados, habrán ganado los delincuentes, porque lamentablemente estos hechos nos hacen sentir que estamos en “EL REINO DEL REVÉS”.//

(1) Abogado (UBA)- Especialista en Derecho Penal (UB)-.