GOBIERNO DE LA CIUDAD, AGENTES DE TRÁNSITO Y PRECARIZACIÓN LABORAL.
Por Marcelo H. Echevarría (1)
Ante todo, una aclaración. No deseo politizar esta publicación toda vez que no es el objetivo perseguido, sino simplemente dejar expuesto mi punto de vista al respecto.
Recién nos enteramos de que el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires -cuyo presupuesto es uno de los más altos de la Argentina-, mantiene precarizados a estos agentes públicos quienes poseen poder sancionador hacia cualquier ciudadano argentino.
En efecto, hoy, a raíz de este terrible suceso en donde una señora falleció dejando dos niños, mientras que otro agente está en terapia intensiva con pronóstico reservado, salió a luz que ellos se encuentran trabajando como “monotributistas”.
Quizás la prensa internacional no conozca este sistema, por ello lo simplificaré en unas pocas líneas.
A fin de eludir las cargas -sean fiscales o de otra índole- que por ley se debe abonar a todo empleado (y que de hecho son altísimas) el propio Gobierno de la Ciudad aplica una metodología con la que, simultáneamente, persigue a los empresarios privados que la adoptan.
El beneficio de la misma es que, a la persona que entra a trabajar, se le priva del pago de componentes salariales tales como la aseguradora de riesgos de trabajo (ART) , no goza de licencias, vacaciones, aguinaldos ni antigüedad y si falta un día por enfermedad se lo descuentan.
Posee una condición de prestador de servicios autónomo siendo el propio agente de tránsito quien debe abonar el costo de ese monotributo y, de tener hijos o familiares a cargo, deberá abonar adicionalmente la cobertura de la obra social para los últimos.
La función del agente de tránsito es ordenar el caudal de tránsito, además de efectuar los debidos controles vehiculares.
Podrá detener vehículos para inspeccionar si el conductor cumple con todas las exigencias para el manejo en la ciudad, realizan controles de alcoholemia y si éste da positivo tienen la potestad para retener el registro de conducir y secuestrar el automóvil.
Ahora bien, si el propio Estado es el que implementa esta modalidad de contratación, parecería inverosímil que sancione al privado que la adoptó, toda vez que una pyme, comercio o empresa que tiene a su empleado totalmente blanqueado, debe abonar aproximadamente un 60% más del sueldo de bolsillo del último al Estado, además de vacaciones, aguinaldos, respetar licencias varias, ausencias por enfermedad, entre otros.
Quedó demostrado que propio Gobierno de la Ciudad realiza lo que al mismo tiempo sanciona al empresario privado.
El ejemplo a la población es “haz lo que digo, no lo que hago”, fomentando la transgresión a la ley.
Culmino.
¿Entienden porqué hay veces que no todo se centra en megaobras, (aunque muy necesarias para la Ciudad) debiendo la propia autoridad bregar por el bienestar del cada día más estrecho segmento de personas que trabajan?
¿Se entiende por qué se incrementa el desempleo, la desmotivación del privado a contratar personal, un sinnúmero de gente trabajando en el denominado “mercado negro”, totalmente precarizado, conspirando contra la dignidad de la persona que necesita llevar el pan de cada día a la mesa de su familia?.
Mañana ¿Saldrán a la caza de los empresarios o comerciantes “inescrupulosos” que utilizan esta modalidad de contratación igual de “inescrupulosa” que la utilizada por el porpio Gobierno?
¿ O a partir de este antecedente contratar a empleados bajo el regimen del monotributo no sería contrario a la ley o, mejor dicho, se aprobaría “de hecho”?.
¿Se dan cuenta que gestionar en el Gobierno no es asimilable al manejo de una empresa privada?
Mientras tanto agentes de tránsito o los “monotributistas” que representan al Estado en las calles y poseen facultades delegadas para sancionar, están bregando por sus derechos que por ley les corresponde, los cuales el propio Gobierno, paradójicamente, incumplió.
(1) Abogado (UBA)- Especialista en Derecho Penal (UB)- Autor e investigador en Argentina y en España.
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