EMPRESAS ¿LITIGIO JUDICIAL O NEGOCIACIÓN?

Por Marcelo H. Echevarría

En muchas ocasiones los abogados de empresas nos encontramos en la antesala de un conflicto de ribetes judiciales, en donde debemos asesorar acerca de la conveniencia o no de iniciar una acción legal.

Adelanto que mi posición al respecto siempre es evitar acudir a la justicia, utilizando para ello todos los recursos existentes de manera extrajudicial, hasta agotar los mismos.

En primer lugar, muchas veces no utilizamos una herramienta muy efectiva que es la comunicación.

En la antesala de un litigio la comunicación es primordial.

La entrevista previa con el colega que representa los intereses opuestos nos permite discutir posiciones, exteriorizar nuestros disensos, nos proporciona inmediatez, etc.

De esa manera, ambas partes tendremos una primera aproximación a fin de evaluar la factibilidad de una eventual solución al potencial conflicto.

La experiencia nos enseña que un excelente diálogo, siempre redunda en buenos resultados.

La presentación de los fundamentos de manera educada, abierto a recibir críticas o disensos, aceptando los mismos y rebatiéndolos  con argumentos previamente evaluados, no sólo exterioriza nuestra solidez profesional, sino que afianza aun más nuestra posición respecto a los intereses que nos encontramos defendiendo.

Para lograr nuestra finalidad debemos tener en claro una regla de oro, siendo ésta el saber y conocer que nuestro principal enemigo es el “ego”.

Ante ello, lo primero que debemos entender es que ninguna manifestación vertida en la discusión (llámese visceral, poco educada o soberbia) deberá ser tomada de manera “personal” y, segundo, grabarse a fuego que, al finalizar la entrevista, no existirán ganadores ni perdedores, sino que solo serán dos partes interesadas pugnando por la mejor defensa de los intereses conferidos.

Suele suceder que, de entrada, vislumbramos que las contrapartes no se encuentran motivadas en tratar de solucionar el tema por fuera del ámbito judicial, teniendo toda la intención de ir al litigio.

El profesional del derecho conoce perfectamente los tiempos judiciales.

Un proceso puede tardar años sin una efectiva resolución en primera instancia, luego las apelaciones de rigor, ya sean por parte del demandado o demandante (quien haya obtenido una sentencia adversa).

Interín, se encuentran las incidencias que se generan en el marco de la causa con sus respectivas apelaciones lo cual dilata la resolución final.

Consecuentemente, todo abogado de empresas conoce a la perfección que el someter a su representada a un litigio, por más derecho a favor que entienda que le asista, siempre su resultado es incierto.

Por dicha razón, el acudir a la justicia debería ser la última alternativa a utilizar una vez agotadas las vías de resolución del conflicto de manera extrajudicial.

A mi criterio, un excelente asesor de empresas es quien en todo momento se rehúsa judicializar un conflicto, procurando llegar a un buen entendimiento entre las partes y esforzándose para que ello ocurra.

De esa manera evita daños colaterales a la empresa, el desgaste que le acarrea en su relación con las gerencias o los directivos, las explicaciones de rigor respecto del tiempo transcurrido sin haber llegado a resultado alguno, entre otros.

O, en el peor de los casos, ser el transmisor de la pésima noticia dando cuenta que se ha obtenido una sentencia adversa a nuestros intereses.

Un ejemplo

Seis años atrás,  un grupo económico del rubro textil era demandado en un juicio laboral por una suma millonaria.

El caso tenía como demandante en un empleado que prestaba servicios en una de las empresas quien, con una máquina, se había cortado un dedo (no amputado, sino un corte).

Alegó discapacidad.

Los abogados laboralistas -con justa razón- afirmaban que ese juicio jamás podría prosperar toda vez que, conforme su experiencia, el monto indemnizatorio pretendido superaba en un 300% al importe que usualmente los juzgados laborales solían imponer como resarcimiento por amputación de un miembro (una pierna).

En cierto momento, se les solicitó opinión a los asesores legales del directorio.

Por escrito, los abogados representantes del directorio dictaminaron dar comienzo a una negociación con la finalidad de culminar el conflicto.

Los colegas laboralistas se opusieron a esa sugerencia profesional, con un justificativo muy fuerte y sólido, el cual daba cuenta que poseían un dictamen pericial médico que favorecía a la empresa, por lo cual, a su criterio, la negociación conllevaba a una pérdida de dinero.

El directorio aceptó esta última postura por unanimidad.

En primera instancia la sentencia resultó a favor de la empresa, desestimando la acción por daños y perjuicios interpuesta por el empleado.

Segunda instancia, la Cámara de Apelaciones revoca el fallo del tribunal de trabajo y condena por un importe aún mayor al pretendido en la demanda por el propio actor.

Expertos constitucionalistas acudieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El Alto Tribunal entendió que el caso no era competencia federal.

Conclusión

Lo incierto suele ser potencialmente peligroso.

Por último, pocos meses después de matricularme, al cerrar un acuerdo que, a mi entender, no beneficiaba a mi representada, aún así recibí la instrucción por parte de la última a fin de aceptar las condiciones arribadas en esa negociación.

Mi adversario, un colega con muchos años de experiencia, me deslizó una frase que me quedó grabada “en una excelente negociación, todas las partes quedan con un sabor amargo en su boca”.