Las funciones del abogado de empresas

Las funciones del abogado de empresas (parte 1)

Así como la mayoría de los empresarios no toman una decisión sin consultar con su profesional de confianza, hay una gran cantidad de personas dedicadas a negocios (pequeñas o medianas empresas o industrias) que entienden que la contratación de un asesor legal de cabecera es un costo que puede evitarse.

Lo que me propongo en estas líneas es explicar con algunos ejemplos la importancia que reviste para un hombre o mujer de negocios  contar con un  asesoramiento  legal en forma permanente y por sobre todas las cosas efectivo .

 Algunas veces el tomar decisiones sobre cuestiones cotidianas lleva implícito un riesgo que puede afectar el patrimonio.

 Uno de los  ejemplos más usuales es la problemática laboral toda vez que el manejo del personal no es fácil.

El concepto de trabajo que en la actualidad se percibe en algunos casos es distinto  que el de diez años atrás (empleados que rinden a medias, se ausentan mas de lo habitual, el desgano laboral está a la orden del día, etc).

Ante reiteradas irregularidades muchas veces la decisión es la desvinculación laboral y, mediando un deficiente asesoramiento, dicha desvinculación podría culminar con una negociación a un alto costo o un juicio que dura años, con el consecuente desgaste para el empleador (acudir a audiencias, permanecer en vilo por la incertidumbre que genera la espectativa si se deberá abonar ante un fallo adverso la  liquidación practicada en la demanda y la actualización de la misma, la manera de generar esos recursos y cómo impactará en el patrimonio, etc).

Otro ejemplo que vemos a diario son los accidentes laborales que se producen en las plantas industriales.

Ante ello, tanto la manera de actuar durante la producción del siniestro, posteriormente el seguimiento de los trámites en procura de la indemnización del empleado que deberá abonar la aseguradora de riesgos de trabajo; la contención al último como la previsión al empleador por futuras contingencias son factores fundamentales para tener en cuenta a la hora de prestar un debido asesoramiento legal.

En diferente plano tenemos un tema recurrente que lo constituye la cartera morosa o incobrable de una empresa que, en atención a la coyuntura económica actual, reviste significativa importancia el recupero de saldos impagos y el achicamiento de la morosidad.

Y tampoco es fácil esta problemática toda vez que existen diferentes clases de deudores.

La calificación de éstos -que se realiza previo estudio de antecedentes comerciales y financieros- dará como resultante el método a implementar a fin de procurar el cobro de lo que se adeuda, sea de manera extrajudicial o judicialmente.

Si no existe otro camino posible que no sea el judicial, no escapa que se deben evaluar exhaustivamente las metodologías cortoplacistas a los fines de la obtención de un resultado en lo inmediato, ya que, reitero, cada día el dinero pierde valor como producto de la escalada inflacionaria.

Viceversa, si la empresa es deudora de un tercero, deberá tener un representante que sea un excelente negociador para lograr un equilibrio tal que deje satisfecho tanto al acreedor como al deudor proponiendo planes de pagos con espera, quita de intereses o actualizaciones, entre otras consideraciones que son evaluadas sobre el problema en particular.

Pero lo importante en estos ejemplos es que el empleador o su persona de confianza no se desgaste ni con el seguimiento del tema ni con los terceros, toda vez que al delegar esos trámites a su asesor legal, éste lo llevará adelante informando por escrito o verbalmente los sucesos relevantes sobre el particular.

Dos temas importantes que son tratados muchas veces sin asesoramiento legal.

El primero de ellos es todo lo referido a la sociedad comercial ya sean los temas de libros societarios, marcha de la sociedad, las cuestiones sensibles entre los socios, reparto de utilidades o la manera de afrontar las pérdidas.

Discrepo con el criterio basado en delegar en otro profesional (que no sea abogado) estos temas.

Para ello mi fundamento es que a las sociedades comerciales la rige una ley especial y normativa puntual complementaria, la cual solo el abogado está capacitado no solo para entender la norma sino el espíritu de ella, como de igual manera la jurisprudencia que día a día generan nuestros tribunales.

Por lo tanto para comprender esta dinámica, el profesional deberá estar actualizado sobre la misma por lo cual el delegar a un profesional que no sea abogado esta tarea no parecería apropiado dado que efectivamente el último conocerá el contenido de la norma, pero quizás desconozca las mutaciones o diferentes criterios que a esa norma le  adjudica la jurisprudencia imperante y aplicable en la actualidad.

El segundo tema importante que muchas veces es tratado sin asesoramiento legal es la problemática con AFIP DGI.

En innumerables ocasiones tomamos conocimiento que lo usual en una empresa es que concurra a la agencia de radicación de su CUIT  la persona apoderada para presentarse ante la intimación del Órgano por un caso puntual.

Mientras que esa intimación sea por la falta de presentación de declaraciones juradas o un importe mal imputado respecto a un impuesto determinado, circunstancias éstas de índole administrativa, sin problema alguno estas cuestiones pueden solucionarse  a través de diferentes profesionales o personal especializado en temas contables integrantes de la firma.

Pero lo concreto es que en la mayoría de las veces vemos que ante un mandamiento de intimación de pago y citación de remate por una eventual deuda por la que se ha iniciado un juicio de ejecución fiscal, los representantes de la empresa se limitan a contactarse telefónicamente con el agente fiscal el cual les informa lo que deben abonar en el Banco en concepto de capital adeudado, intereses y sus honorarios. Ahora bien:

 ¿Alguien le informó al Presidente de esa empresa que ese juicio sigue su curso hasta obtener sentencia definitiva en donde se denunciará que la empresa no se presentó en las actuaciones y rara vez se informa que el monto reclamado fue regularizado ?

Lo citado trae como consecuencia un antecedente negativo para el contribuyente (la empresa) y, agravado, considerando el hecho  de haber abonado  la deuda con sus accesorios en su totalidad.

Ni que hablar cuando es citado el representante legal de la empresa por imputación de una sanción de multa y/o de multa y clausura.

De tomar un abogado a su cargo la defensa de la misma, éste la puede llevar a instancias superiores desde la Dirección Regional de la DGI por recurso jerárquico hasta la apelación judicial en los Juzgados Penales Económicos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o los Juzgados Criminales Federales en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires y Provincias de nuestra República pudiendo llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cada instancia que se agota  es una posibilidad para que la sanción quede sin efecto mediando una excelente defensa técnica.

Ni que hablar de fiscalizaciones externas o auditorías en donde una División Fiscalizadora de la AFIP DGI se constituye en la sede de la empresa o la citan a ésta a fin de relevar información contable.

En estas situaciones debe siempre estar presente el abogado de confianza en representación de los intereses que le fueron puesto bajo su protección ejerciendo todas y cada una de las defensas técnicas en procura de preservar los intereses de su representado, como de igual manera preservar a los representantes legales, directores, gerentes, etc ante eventuales responsabilidades penales tributarias que podrían serles imputadas en el curso de la investigación.

Por las razones expuestas, y por muchas otras que por un tema de extensión no es mi deseo profundizar en estas líneas, contratar un abogado de cabecera para proteger los intereses de la empresa conlleva obviamente un costo, pero a la hora de presentarse las contingencias  podrán evaluar que ese costo es una inversión en procura de la tranquilidad de los empresarios como de la salud y bienestar de la fuente productiva que es la empresa.//