Ley Penal Cambiaria – Breve síntesis de sanciones y procedimiento aplicable

LEY PENAL CAMBIARIA

Por Marcelo H. Echevarría

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En este momento de la economía en donde el dólar estadounidense ocupa la primera plana de diarios y portales de Internet, numerosos clientes nos solicitan asesoramiento respecto del alcance del régimen penal cambiario, lo cual motivó la presente publicación.

El objeto del presente trabajo es reproducir lo que dice la ley, sin analizar los alcances de la misma.

Dicho régimen se encuentra normado en la ley 19359 produciéndose el ordenamiento de la misma por Decreto 480/1995 quedando en vigencia con 23 artículos.

Encontramos un paralelismo similar entre el rol que le otorga la ley al Banco Central de la República Argentina (en adelante BCRA) en lo que respecta al control de cambios y las facultades otorgadas a la AFIP por la ley 11683 en el tema de verificación y fiscalización en materia impositiva y tributaria.

Por último, sugerimos que apenas tomen conocimiento de la sustanciación por parte del BCRA de un sumario por violación al régimen penal cambiario den automática intervención a su representante legal de confianza dado que es un procedimiento especial con sanciones muy significativas monetariamente llegando a la pena de prisión tal como se verá posteriormente.

En este trabajo se enunciarán los siguientes puntos:

-I- Actividad que se sanciona.

-II- Operación cambiaria ejecutada por miembros de una sociedad.

-III- Atenuantes.

-IV- El rol del BCRA.

-V- El proceso penal cambiario.

-VI- Procedimiento de Estimación de Oficio.

-VII- Ejecución de la pena

I- ACTIVIDAD QUE SE SANCIONA

En lo sustancial se reprime:

Toda negociación de cambio que se realice sin intervención de institución autorizada para efectuar dichas operaciones.
Operar en cambios sin estar autorizado a tal efecto.
Toda falsa declaración relacionada con las operaciones de cambio
La omisión de rectificar las declaraciones producidas y de efectuar los reajustes correspondientes si las operaciones reales resultaren distintas a las denunciadas.
Toda operación de cambio que no se realice por la cantidad, moneda o al tipo de cotización, en los plazos y demás condiciones establecidos por las normas en vigor.
Todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios.

La sanción se establece de la siguiente manera:

a) La primera vez se sanciona con una multa de hasta 10 (diez) veces el monto de la operación en infracción.

b) En el caso de la primera reincidencia la sanción se agrava imponiendo prisión de (1) uno a (4) cuatro años ó una multa de (3) tres a (10) diez veces el monto de la operación en infracción.

c) En la segunda reincidencia se sanciona con prisión de (1) uno a (8) ocho años y el máximo de multa previsto en los dos incisos anteriores.

Ahora:

Si la multa impuesta en la hipótesis del inciso a) no hubiese sido superior a (3) tres veces el monto de la operación en infracción, la pena privativa de la libertad a que se refiere el inciso b) será de (1) un mes a (4) cuatro años.

En todos los supuestos anteriores podrá aplicarse conjuntamente suspensión de hasta (10) diez años o cancelación de la autorización para operar o intermediar en cambios e inhabilitación hasta (10) diez años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios.

II- OPERACIÓN CAMBIARIA EJECUTADA POR MIEMBROS DE UNA SOCIEDAD

La ley establece que cuando la operación hubiese sido ejecutada por directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia de una persona de existencia ideal con los medios o recursos facilitados por la misma de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la misma la persona de existencia ideal también será sancionada con:

Multa de hasta 10 veces el monto de la operación en infracción la primera vez y,

Podrá aplicarse conjuntamente suspensión de hasta diez años o cancelación de la autorización para operar en cambios e inhabilitación hasta diez años para actuar como importador, exportador, corredor de cambio o en instituciones autorizadas para operar en cambios.

La ley en estudio no solo sanciona a la persona física miembro de la sociedad involucrada en la maniobra de cambios sino también y simultáneamente sancionará a la sociedad.

Así establece que la multa se hará efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la persona ideal y sobre los patrimonios particulares de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes, síndicos o miembros del consejo de vigilancia que hubiesen intervenido en el hecho punible.

-III- ATENUANTE

La ley fija una atenuación en la sanción para aquel infractor que rectifique la falsa declaración en forma espontánea dentro del término de 15 días de cometida la infracción. En ese caso se fijará la multa en ¼ de la que hubiese correspondido de no mediar dicha rectificación y, además, no se tendrá en cuenta esta penalidad a los efectos de la reincidencia prevista en el Régimen Penal Cambiario.

-IV- El Rol del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Tiene a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios como también la investigación de las infracciones previstas en el Régimen Penal Cambiario.

Al respecto podrá:
Requerir informaciones a cualquier persona física o ideal.
Crear y organizar registros permanentes o especiales de las personas físicas o ideales sometidas a contralor y exigir de ellas que lleven determinados libros o registros especiales vinculados con sus operaciones de cambio.
Citar y hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, a las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración como infractores o testigos.
Realizar pericias técnicas en toda clase de libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas físicas o entidades que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio o de terceros que interesen a los fines de la investigación.
Requerir a los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora, bajo la responsabilidad del o de los funcionarios que las requieran. En tal caso podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas.
Solicitar directamente de las autoridades nacionales, provinciales o municipales informes, estadísticas, documentos y otros datos vinculados con la investigación
Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y c) o cuando se examinen libros, comprobantes, justificativos, etc de acuerdo con lo estatuido en el inc. D), deberá dejarse constancia en actas de la existencia e individualización de los documentos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los funcionarios y empleados actuantes del BCRA, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba, debiéndose en caso de negativa constatarse dicha circunstancia mediante la firma de dos testigos.

El BCRA podrá requerir en cualquier momento, de las entidades financieras autorizadas, casas, agencias y corredores de cambios, exportadores, importadores y cualquiera otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros o documentos, y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las operaciones que hubiesen realizado o en las que hubieren intervenido.

El BCRA tendrá a su exclusivo cargo el proceso sumario.

Dictará las resoluciones que sean necesarias para la conclusión de la causa para definitiva y elevará las actuaciones al Presidente del Banco a fin de remitirlas al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico de la Capital Federal o al Federal con asiento en la Provincia según corresponda.

-V- EL PROCESO PENAL CAMBIARIO
Se dará traslado al sumariado de las imputaciones por el término de 10 días quien al contestar deberá presentar su defensa y ofrecer las pruebas, acompañando la instrumental o indicando donde se encuentra en el caso de no poder acompañarla. Si ofreciese testigos, enunciará en forma sucinta los hechos sobre los cuales deberá declarar.
Las pruebas deberán sustanciarse en un plazo que no exceda de 20 días con la intervención del sumariado. Las audiencias serán públicas en cuanto no se soliciten que sean reservadas o no exista para ello interés público en contrario.
Sustanciada la prueba, el sumariado podrá presentar memorial dentro de los 5 días de notificado el auto que clausura el período de recepción de la prueba.
El BCRA deberá remitir las actuaciones al juzgado correspondiente, dentro de los 15 días de vencido el plazo dispuesto en el inciso anterior.
Las decisiones que se dicten durante la sustanciación del sumario son irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable.
En el trámite procesal no será aplicable la ley 19549 de Procedimientos Administrativos. En lo pertinente y en forma supletoria se aplicarán las disposiciones del Código Procesal Penal.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia que resulte competente resolverá sobre las impugnaciones efectuadas, sin otra sustanciación, salvo las medidas que estime útiles para mejor proveer. También podrá practicar las pruebas que hayan sido denegadas por la jurisdicción administrativa, cuando el impugnante hubiese insistido en ella al interponer el recurso y el juzgado decidiese su procedencia. Estas pruebas se producirán dentro del plazo de 20 días. La sentencia deberá dictarse dentro del término de los 50 días siguientes.

Las resoluciones definitivas dictadas por el juzgado interviniente serán recurribles con efecto suspensivo ante la respectiva Cámara del fuero, dentro de los 10 días de su notificación. El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el juzgado interviniente, el cual lo elevará a Cámara, juntamente con el sumario, en el término de 10 días.

-VI- PROCEDIMIENTO PARA LA ESTIMACIÓN DE OFICIO

Cuando no pueda determinarse en forma directa y cierta el importe de las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado, sea porque el responsable no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes debidos, sea porque exhibidos no merezcan fe o sean incompletos, la inspección lo emplazará para que dentro del plazo de 15 días suministre los libros, comprobantes, aclaraciones, etc que le sean requeridos y cuyos datos servirán de base para el pronunciamiento. Vencido el término señalado sin que se presentaran los comprobantes, o si éstos no fueran suficientes se procederá a estimar de oficio, con los elementos de juicio que se disponga, el importe de las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado.

La estimación de oficio se fundará en los hechos y las circunstancias conocidas que, por su vinculación o conexión con lo que las normas de cambio prevén, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del hecho sujeto a estimación. Podrán servir especialmente como indicios: las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las transacciones y utilidades de otros períodos, el monto de las compras o ventas efectuadas, las existencias e inventarios de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o explotación o de otras empresas similares y cualesquiera otros elementos de juicio que obren en poder del BCRA o que deberán proporcionar las cámaras de comercio o industria, bancos, asociaciones, entidades públicas o privadas, cualquier otra persona, etc. En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los coeficientes o promedios generales que a tal fin establezca el BCRA con relación a explotaciones o actividades de un mismo género.

A los efectos de la estimación de oficio, el BCRA podrá considerar, salvo prueba en contrario, que existe entendimiento o vinculación económica entre el exportador o importador del país y el importador o exportador del extranjero cuando:
El precio de los bienes exportados – producidos, manufacturados, tratados o comprados en el país-, que se declare en cumplimiento de las normas que rijan sobre negociación de cambio en el mercado, sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar de destino deducidos los gastos que autoricen las normas de vigor al tiempo de la exportación.
El precio de los bienes importados, que se declare en cumplimiento de las normas que rijan sobre adquisición de cambio en el mercado, sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar de origen adicionados los gastos computables de acuerdo con las normas en vigor, al tiempo de la importación.

En los casos previstos en los incisos que anteceden el BCRA podrá tomar los precios mayoristas vigentes en el lugar de destino o de origen, respectivamente, a los efectos de determinar el valor de los productos exportados o importados.

Si el precio mayorista vigente en el lugar de destino o de origen – según sea el caso- no fuera público y notorio conocimiento o existan dudas sobre si corresponde a igual o análoga mercadería que la exportada o importada, o medie otra razón que dificulte la comparación, se tomarán como base para establecer el precio de los productos exportados o importados, los precios obtenidos o pagados por empresas independientes que se dediquen a idéntica o similar actividad.

-VII- EJECUCIÓN DE LA PENA

La ejecución de la pena de multa impuesta en los supuestos previstos en la presente ley, estará a cargo del BCRA y tramitará conforme el régimen previsto en el Código Civil y Comercial de la Nación para las ejecuciones fiscales. Constituirá título suficiente la copia simple de la resolución condenatoria certificada por el secretario del tribunal, suscripta por dos firmas autorizadas del BCRA.

Los valores percibidos o decomisados ingresarán al BCRA.

Nota periodística del Diario La Nación de fecha 10 de noviembre de 2014

 

Notas al pie

[1] O sea aquél que incurrió en infracción por primera vez.